Hace
once años, en 2014, escribí un artículo titulado “Panorama de la salud mental”, en el que llamaba la atención sobre la falta de
compromiso y recursos para atender los trastornos mentales en nuestro país. En
ese entonces, la estigmatización y la escasa inversión pública eran los
principales obstáculos para garantizar una atención digna y oportuna.
Hoy, en 2025, la realidad comienza a
transformarse. Colombia ha dado pasos importantes hacia el fortalecimiento de
la salud mental como un derecho fundamental. La Ley 2460 de 2025,
recientemente aprobada, actualizó la Ley 1616 de 2013, consolidando un marco
normativo que reconoce la salud mental como un eje esencial de la salud
pública. Esta nueva legislación impulsa estrategias de prevención
comunitaria, atención integral, enfoque diferencial y respeto por los derechos
humanos, además de promover la articulación entre los sectores
de salud, educación, trabajo y justicia.
El Ministerio de Salud ha fortalecido la
red
de servicios psicosociales en todo el territorio, incluyendo
zonas rurales, y ha desarrollado programas de formación para equipos
interdisciplinarios, con énfasis en la atención primaria en salud mental.
También se han ampliado los mecanismos de seguimiento y evaluación para
garantizar la calidad de la atención y reducir las brechas de acceso.
Aún persisten desafíos la estigmatización,
la falta de especialistas y los limitados recursos presupuestales, pero hoy es
posible hablar de avances tangibles. Colombia empieza a entender que el
bienestar emocional no es un lujo, sino un componente esencial de la salud y
del desarrollo humano.
Recordar aquel artículo de 2014 me
permite ver que el llamado de entonces sigue vigente, pero con una diferencia
esperanzadora: hoy el país avanza hacia una visión más humana, inclusiva y
comprometida con la salud mental.
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