El reciente pronunciamiento del Ministerio de Salud y la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Circular 019 de 2025, representa un paso crucial hacia la humanización y eficiencia del sistema de salud en Colombia. Esta normativa establece con claridad la prohibición de la intermediación del usuario en los trámites administrativos para la autorización de servicios y tecnologías en salud. Y no es para menos: se trata de un cambio estructural que busca eliminar barreras históricas que han impedido el acceso oportuno a la atención sanitaria. Desde hace décadas los pacientes muchas veces en condiciones de vulnerabilidad o en medio de situaciones críticas han tenido que asumir una carga administrativa excesiva e injustificada. Buscar autorizaciones, hacer filas interminables, enviar formularios, suplicar por atenciones médicas que deberían ser inmediatas. Esta práctica no solo atentaba contra el derecho fundamental a la salud, sino que añadía sufrimiento innecesario al proceso de recuperación o diagnóstico.
La circular no deja lugar a interpretaciones: Las entidades responsables de pago, prestadores y proveedores de tecnologías en salud están obligados a gestionar directamente las autorizaciones, sin trasladar la carga al usuario. Además, refuerza que en casos como el cáncer infantil, el VIH/SIDA, la atención en urgencias o los eventos definidos en las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), ni siquiera se requerirá autorización previa.
Pero este avance normativo no es solo técnico. Es también profundamente ético. Implica un reconocimiento tácito de que la dignidad del paciente debe estar por encima de la lógica administrativa. Y supone una llamada de atención para todos los actores del sistema: El acceso a la salud no puede depender de la capacidad del paciente para enfrentar procedimientos innecesariamente complejos.
Como ciudadanos, profesionales de la salud y usuarios del sistema, debemos estar vigilantes y exigir que esta circular se implemente con seriedad. No puede quedarse en letra muerta. Debe traducirse en protocolos claros, personal capacitado y canales de atención eficientes.
La salud es un derecho no un privilegio sujeto a procesos administrativos desproporcionados. Y hoy, gracias a esta normativa, estamos un paso más cerca de hacer del acceso a la atención medica una experiencia más digna, humana y centrada en el bienestar del paciente.
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