La reciente declaración del
presidente sobre la posible liquidación de las EPS que se encuentren en quiebra
ha reactivado un debate fundamental sobre la sostenibilidad y el futuro del
sistema de salud colombiano. Este anuncio, realizado durante un consejo de
ministros, cobra gran relevancia si se tiene en cuenta que actualmente existen
ocho EPS intervenidas que agrupan cerca de 23 millones de afiliados, es decir,
aproximadamente el 43 % de la población del país. Entre estas entidades se
encuentran Nueva EPS, Famisanar, Coosalud, Asmet Salud, Emssanar, Savia Salud,
Servicio Occidental de Salud y Capresoca, lo que evidencia la magnitud del
impacto potencial de esta medida.
Desde el punto de vista
institucional, la intervención y liquidación de EPS no es un fenómeno nuevo en
Colombia. La Superintendencia Nacional de Salud, en articulación con el Ministerio
de Salud y Protección Social, ha ejecutado procesos similares cuando las
entidades no cumplen con los requisitos financieros, administrativos o de
calidad en la prestación de servicios. Sin embargo, el volumen de afiliados
involucrados en esta coyuntura representa un desafío sin precedentes,
especialmente en términos de capacidad del sistema para absorber la demanda y
garantizar la continuidad en la atención.
Ahora bien, para las personas que
no tienen conocimiento técnico del sistema, es importante aclarar un aspecto
clave: cuando el gobierno ordena cerrar una EPS, los afiliados no quedan
desprotegidos. El sistema de salud colombiano cuenta con mecanismos
diseñados para garantizar tanto la continuidad del aseguramiento como la
prestación de los servicios. En este sentido, lo primero que ocurre es un traslado
automático de los afiliados, gestionado por las autoridades competentes,
sin que el usuario deba realizar trámites iniciales. Posteriormente, se asigna
una nueva EPS teniendo en cuenta factores como la capacidad de atención, la
ubicación geográfica y la red de servicios disponible.
De igual forma, se garantiza la continuidad
en la atención en salud. Esto significa que tratamientos en curso, como los
relacionados con enfermedades crónicas, embarazos o cirugías programadas, no
pueden ser suspendidos. A la par, los pacientes deben seguir recibiendo sus
medicamentos, aunque puedan presentarse ajustes logísticos, como cambios en las
instituciones prestadoras de servicios o en los puntos de dispensación.
No obstante, es importante
reconocer que durante estos procesos puede existir un periodo de transición
en el que se presenten demoras o confusiones. Por esta razón, el Estado
implementa planes de contingencia para mitigar los impactos y evitar
interrupciones graves en la atención. Asimismo, los usuarios conservan sus
derechos, incluyendo la posibilidad de elegir otra EPS si no están conformes
con la asignada y de presentar quejas ante las autoridades si consideran que su
atención ha sido vulnerada.
Existen antecedentes que permiten
comprender mejor este proceso. Casos como la liquidación de EPS anteriores han
demostrado que, aunque el sistema enfrenta tensiones, es capaz de redistribuir
millones de afiliados sin que estos pierdan su cobertura. En esencia, el cierre
de una EPS no implica la pérdida del servicio de salud, sino un proceso de
reorganización dentro del sistema.
En conclusión, la propuesta de liquidar EPS en quiebra puede interpretarse como una estrategia de saneamiento estructural; sin embargo, también implica riesgos operativos importantes. El verdadero desafío radica en garantizar que los millones de afiliados afectados continúen recibiendo atención con calidad, oportunidad y equidad. En este contexto, más allá de la medida en sí, lo fundamental será la capacidad del Estado para gestionar una transición ordenada, proteger los derechos de los usuarios y fortalecer la confianza en el sistema de salud colombiano.
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